Austeridad Presupuestaria

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar la austeridad presupuestaria, trabajando por la consecución de un acuerdo nacional, político, social y territorial para acometer las reformas que hagan viables nuestros servicios públicos. Dicho acuerdo debería incluir una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Sistema Tributario

Diseñar un sistema tributario justo que permita establecer rebajas selectivas de impuestos para liberar renta disponible de los contribuyentes y contribuir a la dinamización de la economía.

Saneamiento del Sistema Financiero

Garantizar que el crédito vuelva a fluir hacia las familias y las PYMES. Para ello es necesario corregir los elevados niveles de déficit público, evitando así que las emisiones masivas de deuda de las AA.PP. imposibiliten la capacidad de financiación del sector privado; asimismo hay que dar la máxima prioridad a la restructuración y saneamiento del sistema financiero, en particular, de las Cajas de ahorro.

Reformas Estructurales

Acometer las necesarias reformas estructurales que permitan aumentar la competividad de la economía y avanzar en la liberación de los sectores económicos básicos, como el sector energético, las telecomunicaciones, el transporte, etc, transmitiendo sus efectos positivos a los ciudadanos.

Estas reformas deben contribuir a mejorar la competividad de nuestro país abarcando diversos ámbitos como la educación, la justicia, la energía, políticas de i+d+i, la unidad de mercado, la defensa de la competencia y los organismos reguladores.

Reforma fiscal

Las reformas fiscales han demostrado ser instrumentos eficaces para la dinamización de la economía y la recuperación del crecimiento. Menos impuestos no significa menos recaudación, sino liberación de recursos a disposición de las familias y empresas, que pongan en marcha de nuevo el motor de la economía.

Apoyo las familias, a través de una profunda reforma del IRPF.

Apoyo a las PYMEs y autónomos.

Apoyo a sectores en situación de especial dificultad

Reforma laboral

El objetivo básico en este momento es resolver el problema del empleo en un país que se acerca a los cuatro millones de parados. Todas las medidas estructurales deben priorizar la creación de empleo, y a ellas debe añadirse una reforma del mercado de trabajo que frene la destrucción de empleo y posibilite la creación de nuevos puestos de trabajo.

Para luchar contra la subida de precios

Aumentar la competencia

Limitar los incrementos de precios y tasas reguladas, eliminando prácticas abusivas en la búsqueda de precios más competitivos y mejor calidad de los bienes y servicios.

 Reducir las abundantes cargas administrativas que dificultan la actividad empresarial.

Garantizar la Unidad de Mercado, promoviendo la colaboración con las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales para facilitra el ejercicio de la libertad de empresa en todo el territorio nacional

Liberalización del sector servicios

Para aumentar la competitividad

La economía española se caracteriza por tener un gran problema de competitividad, lo que la hace más vulnerable a las crisis internacionales.

Considerar como no consumida la percepción de la prestación por desempleo para aquellos desempleados afectados por suspensiones totales o parciales de los contratos (EREs temporales).

Fomentar el empleo autónomo para jóvenes menores de treinta años.

Proceder a la reforma en materia de Empresas de Trabajo Temporal tendente a reforzar el papel que sin duda tienen estas empresas.

Modificar el Programa de Fomento del Empleo para incentivar la recolocación de los trabajadores afectados por la crisis.

Permitir la colaboración público privada en los servicios estatales y autonómicos de empleo en tareas como la recolocación, la búsqueda de empleo y la formación.

Promover, en el marco del Diálogo Social, una reforma laboral similar a la acordada en 1997 que tenga como objetivo prioritario la creación de empleo y en especial, el fomento de la contratación indefinida bonificando las cotizaciones de los nuevos contratos.

El agua no puede considerarse exclusivamente un bien privado de los ribereños, sino un bien de dominio público, cuyo interés social afecta a todos los españoles.

España necesita asegurar el suministro del recurso hidráulico a todos sus territorios, por razones sanitarias, económicas y medioambientales.

Es preciso retomar los trabajos para el desarrollo de un Plan Hidrológico Nacional

Un partido político serio debe asumir la problemática hidráulica nacional sin hacerse trampas en solitario y arrastrar el inevitable desgaste que su ejecución comporta.